No somos los malos. No relativizamos ni despreciamos el sufrimiento de las víctima. No estamos desprovistos de corazón, ni tampoco olvidamos los años más oscuros. Hacemos nuestro aquello de «vencedores y vencidos» para apoyar a los primeros y denostar a los segundos. Pero sobre todas las cosas, por encima de las lágrimas y el sentimiento de impotencia, tenemos un sentido de justicia desarrollado. De tanto repetir lo del Estado de derecho, hemos acabado por creérnoslo. Y ahora no nos podemos quedar de brazos cruzados cuando la calle se llena de protestas, de comentarios indignados y de acusaciones de filoetarras sólo porque la justicia debe tratar con justicia a los miserables. Oigo que no la merecen, cuando llevan toda la vida diciendo que contra las armas sólo están las leyes. Ahora, por lo visto, no toca.
El Tribunal Europeo de los Derechos Humanos ha dado la razón a la etarra Inés del Río en su litigio contra España. Un tribunal (¿Qué suena a más justicia que eso?) de derechos humanos (los etarras, incluso con su grupo sanguíneo abertzale, todavía entran en la categoría de humanos). Un fallo que empuja a nuestro país a liberar a la demandante ipso facto y a indemnizarla por todo el tiempo de descuento que ha pasado en prisión. Encima, a pagarle con nuestros impuestos. Quema.
Que un tribunal dé la razón a un individuo que ha matado a veinticuatro personas (y no de una, sino por entregas) cabrea. Que ni siquiera cumpla treinta años de prisión cuando la condenaron a 3.828 primaveras entre rejas, es para mosquearse. Pero que el Estado de derecho, máximo garante de la justicia, haga trampas para conseguir sus fines, eso sí que es para preocuparse y temer por nuestra democracia misma.
A la etarra Del Río no le importan los derechos humanos salvo cuando la benefician, pero no por eso queda al margen del sistema. Para los que llegan tarde o vienen de lejos, la polémica surge porque no le aplicarán la doctrina Parot. Sintetizando mucho, lo que pretendía la justicia era que Del Río y otros reos no pudiesen beneficiarse de las reducciones de condena (trabajo en prisión, buena conducta, hacer la ola al alcaide) en la práctica, ya que la doctrina rebaja los años a partir de las penas completas (en el caso de Del Río, 3.828 años) en vez de a descontarlos a la pena máxima real del sistema español, que son treinta años. Las cosas como son: cuando te quedan casi cuatro mil años entre rejas, tiempo suficiente para dos venidas y pico de Cristo, te importa un pito si los 3.828 años de pena te los dejan en 3.500. Para lo que vas a vivir, el descuento te vale poco. Como si te quitan dos mil.
Nuestra justicia no funciona bien: parte de una constitución que no nos creemos ni los más constitucionalistas; legislan unos políticos que sólo piensan en su electorado; los jueces interpretan muchas veces según las presiones de los anteriores, que separación de poderes y eso qué es; e incluso cuando nosotros los demócratas escribimos las reglas del juego y apartamos a los asesinos del proceso de elaboración de las normas, cuando hacemos la ley como nos da la gana porque para eso es nuestra ley, incluso en esos casos, queremos saltarnos la ley a la torera y hacer las cosas a voluntad de los gritos del populacho. Con dos cojones. El Estado de derecho dicta las normas, pero también hace sus trampitas.
Que no os engañen: no he leído un sólo argumento de peso entre todas las columnas (¡y editoriales, así, a lo grande!) que se han publicado estos días en defensa de la doctrina Parot. Lo más que dicen es que es una injusticia que una mequetrefe como Del Río tenga libertad. Que sí, que ha cumplido su pena (¡lo admiten!) pero a renglón seguido matizan que eso no se puede consentir. Más tiempo, tiene que quedarse más tiempo. Que de 3.828 años de pena no cumpla ni los treinta es algo que no se puede consentir.
Los políticos han echado más leña al fuego. Cómo no, con la Asociación de Víctimas del Terrorismo azuzándolos por detrás. He leído declaraciones vergonzosas de políticos de PP, PSOE y UPyD. Lo mismo de periodistas. Saben (porque no se ruborizan al admitirlo) que la justicia española vulneró la ley, pero consideran que los derechos humanos son algo demasiado valioso para aplicárselos a una hijaputa. La justicia ha obrado mal, pero el fin justifica los medios. Dirán. Sin embargo, a mí no me enerva tanto que una etarra salga de prisión como que la banda que-nunca-se-ha-ido se cargue de argumentos para seguir con su discurso de Estado terrorista. Me indigna que tengan un poquito de razón. Me mata que les den argumentos como balas. España, ni ningún país democrático, se puede permitir titubear. La derrota de ETA será con la ley hasta el final y no con truquitos legislativos que luego nos cuestan millones en indemnizaciones a los miserables. Si estos políticos fuesen honestos de verdad, y no los cobardes que se esconden bajo doctrinas, propondrían la cadena perpetua. Las cosas por su nombre. Pero cualquier otra cosa, tramposa y de tapadillo, es un bálsamo para el pueblo que pide sangre. Los que hoy dicen que no hay derecho a que Del Río esté ya en la calle, no dicen que tienen las herramientas para reformar la ley y tener a los asesinos del futuro entre rejas hasta la muerte. Mostremos todos nuestras auténticas caras. Hasta entonces, y mientras no se atrevan a hacer en tiempos de calma lo que no hicieron en años de sangre, luchemos hasta el final por una sociedad con vencedores y vencidos, sí, pero también por un Estado de derecho hasta el final. Hasta el final. Las trampas son una derrota del Estado de derecho, y un filón de argumentos para los que no tenían que seguir aquí. Cómo me jode volver a escribir de ETA en este blog después de más de dos años. Cómo me jode que unos asesinos tengan por una vez razón.
